Los contratos SARA, o contratos sujetos a regulación armonizada, desempeñan un papel crucial en el ámbito de la contratación pública, al establecer normas uniformes para los procedimientos de adjudicación en toda la Unión Europea. Estas regulaciones buscan garantizar la transparencia, la igualdad de acceso y la competencia leal entre los operadores económicos. A continuación, exploraremos en detalle qué son los contratos SARA, su régimen jurídico, implicaciones, y los cambios recientes en los umbrales que los determinan.
¿Qué son los contratos sujetos a regulación armonizada?
Los contratos sujetos a regulación armonizada, conocidos como contratos SARA, son aquellos que superan ciertos umbrales económicos establecidos por la normativa europea y que, por tanto, deben regirse por las Directivas Comunitarias de Contratación Pública. Su objetivo es garantizar que estos contratos de gran envergadura se ajusten a principios comunes en todos los Estados miembros de la Unión Europea, como la igualdad de trato, la transparencia y la libre competencia.
¿Qué contratos están sujetos a regulación armonizada?
Están sujetos a regulación armonizada los contratos públicos que cumplen con las siguientes características:
- Contratos de obras: Cuando el valor estimado supera los umbrales económicos fijados por la normativa europea.
- Contratos de suministro y servicios: También sujetos a los umbrales, tanto para la Administración General del Estado como para otras entidades públicas.
- Contratos del sector agua, energía, transporte y telecomunicaciones (sectores especiales): Están regulados específicamente debido a su importancia estratégica.
- Concesiones de obras y servicios: Estas también están incluidas siempre que superen los umbrales aplicables.
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¿Qué implica que un contrato sea SARA?
Que un contrato sea SARA implica que debe cumplir con los procedimientos y requisitos establecidos por las Directivas Europeas y su transposición en la normativa nacional. Entre las principales implicaciones destacan:
- Publicidad internacional: Estos contratos deben publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), garantizando un acceso equitativo para operadores de todos los Estados miembros.
- Estándares estrictos de transparencia: Desde la licitación hasta la adjudicación, todos los procesos deben cumplir criterios claros y objetivos.
- Competencia leal: Se prohíbe cualquier discriminación basada en la nacionalidad de los operadores económicos.
Régimen jurídico de los contratos SARA
En España, los contratos SARA están regulados por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), que incorpora las Directivas Europeas de contratación. Esta ley define los procedimientos específicos aplicables, incluyendo las modalidades abiertas, restringidas y negociadas, así como las bases para los criterios de adjudicación, que deben ser transparentes y no discriminatorios.
Publicidad y acceso igualitario
La publicidad es uno de los pilares fundamentales de los contratos SARA. Estos contratos deben publicarse en plataformas oficiales como:
- El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): Para garantizar el acceso de operadores económicos de toda la Unión.
- La Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP): A nivel nacional, donde también deben publicarse las licitaciones.
Además, la normativa exige la igualdad de acceso y trato para todos los operadores económicos, asegurando que ningún requisito técnico o administrativo suponga una barrera injustificada.
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Plazos en los contratos SARA
Los contratos SARA están sujetos a plazos mínimos específicos para cada tipo de procedimiento, establecidos en las Directivas Europeas para garantizar que los licitadores tengan tiempo suficiente para preparar sus propuestas. Algunos ejemplos son:
- Procedimientos abiertos: Un mínimo de 35 días para la presentación de ofertas.
- Procedimientos restringidos: Un plazo inicial de 30 días para solicitar la participación, seguido de 30 días para presentar las ofertas.
- Contratos de concesión: Plazos que dependen de la complejidad del contrato.
Tutela especial en los contratos SARA
El régimen SARA establece mecanismos de tutela especial para garantizar el cumplimiento de la normativa. Esto incluye la posibilidad de interponer recursos administrativos o judiciales en casos de irregularidades. En España, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) tiene competencia para resolver recursos en este ámbito.
Adjudicación de los contratos SARA
La adjudicación de los contratos SARA debe basarse en criterios objetivos, que pueden incluir:
- Criterios económicos: Como el precio más bajo o la mejor relación calidad-precio.
- Criterios cualitativos: Relacionados con la sostenibilidad, la innovación o el impacto social del proyecto.
La evaluación de las ofertas debe realizarse con total transparencia, garantizando la igualdad de oportunidades para todos los licitadores.
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Contratos NO SARA
En contraposición, los contratos NO SARA son aquellos cuyo valor estimado no supera los umbrales establecidos por la normativa europea. Estos contratos no están sujetos a las estrictas reglas armonizadas y pueden regirse únicamente por la normativa nacional. No obstante, deben seguir principios generales de transparencia, concurrencia e igualdad de trato.
Nuevos umbrales SARA a partir de enero de 2024
La Comisión Europea actualiza periódicamente los umbrales económicos para los contratos SARA. A partir de enero de 2024, los nuevos umbrales serán los siguientes:
- Contratos de obras: 5.382.000 euros.
- Contratos de suministro y servicios para la Administración General del Estado: 140.000 euros.
- Contratos de suministro y servicios para otras entidades públicas: 215.000 euros.
- Contratos del sector especial (agua, energía, transporte, telecomunicaciones): 431.000 euros.
Estos cambios buscan ajustarse a la evolución del mercado y garantizar que los contratos más relevantes sigan sujetos a regulación armonizada.
Los contratos SARA son una herramienta esencial para asegurar la eficiencia, transparencia y competencia en la contratación pública dentro de la Unión Europea. Su régimen jurídico y los procedimientos asociados ofrecen garantías tanto para las administraciones públicas como para los operadores económicos. Con los nuevos umbrales aplicables en 2024, es crucial que las empresas se mantengan informadas para aprovechar las oportunidades que ofrecen estos contratos y cumplir con los requisitos necesarios para participar en ellos.
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Bibliografía utilizada:
Administración Gobierno de España
